En Nicaragua, la persecución a la Iglesia no cesa

Otros cuatro sacerdotes fueron condenados a 10 años de cárcel por ""traición a la patria", además de quedar inhabilitados en cuanto a sus derechos como ciudadanos.

Cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo fueron condenados a diez años de prisión en Nicaragua, por delitos considerados de "traición a la patria”, así como a la inhabilitación "perpetua de sus derechos ciudadanos". Todos ellos se encuentran privados de libertad desde el pasado 19 de agosto, y fueron juzgados este lunes en una audiencia celebrada a puertas cerradas, tal y como indicó la Unidad de Defensa Jurídica, integrado por abogados que defienden a los religiosos.

Los presbíteros condenados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente; y el diácono Raúl Vega González. Por su parte, los seminaristas también condenados son Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, mientras que elnombre del camarógrafo es Sergio Cárdenas.

Esas sentencias ponen de manifiesto, una vez más, la persecución que están sufriendo los religiosos en el país liderado por el sandinista Daniel Ortega, quien tildó de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional, con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.

Inhabilitaron a los juzgados en cuanto a sus derechos como ciudadanos
Según la sentencia, la jueza impuso al grupo de religiosos cinco años de cárcel por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y otros cinco por el delito de propagación de noticias falsas, ambos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad, además de las "penas accesorias", detalló la Unidad de Defensa Jurídica.

Las penas accesorias, según ese grupo de abogados, consisten en otros "800 días, multas, inhabilitación de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como para ejercer cargos de elección popular, e inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos".

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos calificó de "aberración jurídica" el caso contra los religiosos, entre otras cosas porque "se les inhabilitó de por vida el ejercicio de cargos públicos y de elección popular".

"Condenamos estas acciones perversas del régimen, que violentan los Derechos Humanos. Exigimos libertad inmediata para ellos y todas las personas que son presas políticas” demandó la organización.

El grupo de religiosos y laicos, junto al obispo Rolando Álvarez, fueron detenidos la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales en el palacio episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado quince días confinados, y desde entonces se encuentran en la cárcel policial "El Chipote", oficialmente conocida como la Dirección de Auxilio Judicial, con excepción del obispo, que se encuentra bajo "resguardo domiciliar".

Solidaridad de la Comece
El presidente de la Comisión de Las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (Comece), cardenal Jean-Claude Hollerich, expresó su solidaridad frente a la situación, a través de una carta dirigida al presidente del episcopado nicaragüense.

“Seguimos de cerca el desarrollo de la situación en Nicaragua, marcada por la persecución a la Iglesia Católica y sus fieles. Como obispos de la Comece –dice la carta– estamos comprometidos a promover la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua a través de nuestro diálogo regular con los representantes de las instituciones de la UE”.

El cardenal Hollerich pidió a las autoridades nacionales de Nicaragua que liberen de inmediato a monseñor Rolando Álvarez y los demás detenidos, acusados falsamente de concierto para atentar contra la integridad nacional y de difusión de noticias falsas.

“Nos unimos a la voz que clama por la injusticia a la que están siendo sometidos nuestros hermanos en Nicaragua y exigimos su inmediata liberación”, dice la carta firmada por el cardenal Hollerich.+