La expulsión se produjo después de que el obispo Herrera Gutiérrez criticara un tumulto organizado por las autoridades locales en el exterior del templo donde estaba celebrando misa.
Al respecto, los damnificados solo pueden presentar denuncias anónimas porque, si lo hacen públicamente, "los pueden encarcelar, desterrar o asesinar", asegura una activista en el exilio.
El Vaticano manifestó su satisfacción por el reconocimiento del prelado "clandestino", que estuvo detenido durante mucho tiempo por negarse a unirse a la Asociación Patriótica.
La última decisión del gobierno de Daniel Ortega fue aplicar el régimen tributario de la economía privada también a las instituciones religiosas.