Protección de Menores pide procesos más sencillos para indemnizaciones

Diez años después de su fundación, la comisión pontificia publicó un reporte exhaustivo, en el que destaca los avances pero también revela déficits regionales y áreas que requieren acciones urgentes.

La Pontificia Comisión para la Protección de Menores publicó, este martes 29 de octubre, su primer informe anual integral desde su creación en 2014. En unas 50 páginas, el documento presenta los resultados de investigaciones y estudios realizados en los cinco continentes, tanto en las diversas comunidades eclesiales como en la Curia Romana. 

El informe es el resultado de los esfuerzos de un grupo de trabajo liderado por Maud de Boer-Buquicchio, una experimentada defensora de los derechos de los menores. Como símbolo de la resiliencia de las víctimas, un ejemplar de árbol baobab adorna la portada del informe.

El Papa Francisco encargó a la comisión mejorar los estándares de protección en todo el mundo y desarrollar medidas para prevenir de manera sostenible los abusos dentro de la iglesia. El organismo se esfuerza por dar voz a las víctimas de abusos ,al tiempo que establece las reformas necesarias y una cultura de protección.

"Queremos facilitar a las víctimas el acceso a la información", dice el documento, lo cual quiere que toda la información relativa a los interesados sea accesible, por supuesto manteniendo la protección de los datos. 

Al mismo tiempo, el informe aborda la "necesidad indispensable" de establecer responsabilidades claras dentro de las estructuras de la iglesia. En ese sentido, para tratar los casos de abuso de manera eficiente y rigurosa, se requiere una cooperación más estrecha entre las autoridades vaticanas.

Desafíos y avances locales
Una parte importante del informe trata del estado de la protección de los menores en cada iglesia local. La comisión examina entre 15 y 20 diócesis anualmente, para analizar el progreso e identificar el potencial de mejora. Estudios similares se han llevado a cabo recientemente en México, Bélgica, Papúa Nueva Guinea y Camerún, así como entre los misioneros de la Consolata y de la Congregación del Espíritu Santo (tanto en las ramas femeninas como en las mascullinas).

Se han logrado avances particularmente alentadores en algunas regiones de América, Europa y Oceanía, las cuales ya cuentan con importantes recursos para la protección de los menores. Al mismo tiempo, se señalan importantes lagunas en regiones de África, Asia y América Central y del Sur, donde a menudo faltan las estructuras y los recursos necesarios. Por lo tanto, la comisión pide a las iglesias locales globales que muestren una mayor solidaridad y aboga por un mayor apoyo a las comunidades eclesiales en las regiones de escasos recursos.

Normas uniformes en la Curia Romana
Otro punto central del informe es el papel de la Curia Romana como eje para el desarrollo y difusión de medidas de protección, según el informe. Esto no sólo exige más transparencia en la Curia, sino también estandarización de protocolos y estructuras de comunicación claras, para poder garantizar a víctimas y sobrevivientes los mismos estándares de protección en todas las regiones del mundo.

La comisión critica también la limitada publicación de información estadística por parte del Departamento Disciplinario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y pide un mayor acceso a esos datos, para perseguir más eficazmente los casos de abuso.

Promoción de proyectos de prevención en países en desarrollo
Por primera vez, el informe contiene cifras concretas, proporcionadas por diversas instituciones de protección de menores. Por ejemplo, la iniciativa Memorare, que apoya con recursos y especialistas las estructuras eclesiásticas en el Sur Global, recibió en 2023 alrededor de 500.000 euros de la Conferencia Episcopal Italiana y otros 100.000 dólares estadounidenses de la Fundación Pontificia, con el objetivo de ampliar los sistemas de información locales, centros de asesoramiento y redes.

Un llamado a los líderes de la Iglesia y a la Iglesia en todo el mundo
El informe pretende ser un llamado a toda la Iglesia, para que vea la prevención del abuso como una responsabilidad colectiva. Destaca la necesidad de promover una "cultura de protección" y responsabilizar a los líderes de la Iglesia en todo el mundo, para crear un espacio justo y seguro.+