Jueves 25 de abril de 2024

Reclamaron en la calle que no se desproteja a los discapacitados

  • 30 de octubre, 2012
  • Buenos Aires (AICA)
Unas dos mil personas vinculadas a la problemática de la discapacidad reclamaron que se deje sin efecto una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud que afectaría a unos 100.000 pacientes. Desde la organización de la manifestación confirmaron que el reclamo "va en vías de solución".
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Unas dos mil personas vinculadas a la problemática de la discapacidad se reunieron este martes 30 de octubre en la Diagonal Norte y la peatonal Florida, de la Capital Federal, para reclamar que se dé marcha atrás con una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que redujo los reintegros de partidas a las obras sociales y el Pami, afectando la atención de casi 100.000 personas con discapacidad.

Alrededor de las 10.30, cientos de jubilados, empleados de la salud y familiares acompañaron a los afectados marchando por la peatonal Florida hasta Perú y Diagonal Sur, donde se apostaron frente a las dependencias del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-Pami). Allí comenzó una batucada con la que intentaron visibilizar su disconformidad.

Según los convocantes, la SSS desconoció los alcances de la ley 24.091 de Prestaciones Básicas a través de la Resolución 1200/12, publicada el pasado 3 de octubre. Entre los manifestantes, había representación de la Pequeña Obra de la Divina Providencia (Obra Don Orione), la Asociación de Institutos Educativos Especiales (AIPESA), la Asociación de ayuda al Ciego (ASAC), el Consejo Argentino para la inclusión de las personas con Discapacidad (CAIDIS) y la Federación Argentina de Entidades Pro-Atención al Deficiente (FENDIM).

El documento del organismo oficial había reducido o directamente suprimido el reintegro que se le da por parte de la Administración de Programas Especiales (APE) a las obras sociales. Estos fondos eran destinados, entre otras cosas, a pagar las prestaciones de discapacidad que reconoce la Ley 24.901. También denunciaron que el Pami interrumpió la cadena de pagos, dejando a sus afiliados sin protección.

Con banderas que expresaban consignas como "Nuestros derechos no se negocian", "No escuchar nuestros reclamos también es discriminar" o "Las leyes inútiles debilitan a las necesarias", los manifestantes colmaron las inmediaciones y avivaron con palmas y bombos la congregación de gente, mientras repartían folletos que explicaban su demanda.

Para los manifestantes, casi 100.000 personas podrían perder la cobertura en estimulación temprana, terapia educativa, integración, aprendizaje especial, asistencia en hogares, apoyo económico, transporte y demás beneficios fijados por ley.

"Va en vías de solución"

El presbítero Pablo Molero, responsable de la Comisión Arquidiocesana de Personas con Discapacidad, informó a AICA que la resolución 1200/12 quedó sin efecto para las organizaciones que trabajan con la discapacidad y el conflicto va "en vías de solución".

En una reunión que mantuvieron el viernes 26 los representantes de las organizaciones afectadas en la Superintendencia de Servicios de Salud, la titular del organismo, Liliana Korenfeld, les manifestó su comprensión por las consecuencias de la medida y se comprometió a elaborar un documento regulatorio especial para esta problemática mediante la firma de un acta. "Hay que valorar que se comprometieran con este gesto, que no es muy común en los años que llevo en la comisión", apreció el sacerdote.

La nueva resolución se elaborará de manera consensuada con la presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS), Raquel Tiramonti, y los representantes de AIEPESA, CAIDIS, la Obra Don Orione y el Arzobispado de Buenos Aires. Según expresaron desde las dependencias estatales, "permitirá incluir aquellas demandas y observaciones necesarias para optimizar la cobertura de las personas con discapacidad".

Según declaró a esta agencia el sacerdote, desde el organismo acercaron durante la tarde del lunes 29 un documento preliminar. "Ayer nos trajeron un borrador que nos sentaremos a analizar en la tarde de hoy", reveló el presbítero. El miércoles, en tanto, volverán a mantener un encuentro en las oficinas de la entidad dependiente del ministerio de Salud de la Nación.

En palabras del sacerdote, "la actitud de los funcionarios fue buena, ya que no comprendían en un primer momento el motivo del reclamo". "Nosotros ?dijo Molero-se lo explicamos fácil: si no hay reintegros, las obras sociales no pagan. La culpa, en última instancia, la tienen las obras sociales".

Sin embargo, deslizó que la convocatoria a la marcha se mantuvo porque "más allá de las redes sociales y los correos electrónicos, es necesario visibilizar el reclamo". Ante las últimas novedades, los organizadores decidieron desplazar la convocatoria a las dependencias del Pami (situadas a dos cuadras de la SSS), que aún no ofreció una solución al problema, a pesar de haberse comprometido a abonar el 80 por ciento de los reintegros de agosto.

Para tranquilizar a los convocados, que colmaron la Diagonal Sur y la peatonal Perú, el presbítero Pablo Molero tomó un micrófono y expresó los últimos avances que se tuvieron en la resolución de la disputa.

El sacerdote, que cumple su misión pastoral como párroco en la iglesia de la Inmaculada Concepción del barrio porteño de Villa Devoto, también llamó a preocuparse más por las personas con capacidades diferentes. "Como Iglesia, nos falta asumir el reclamo; debemos tomarlo en nuestro discurso, ya que dentro de las injusticias con las que vivimos, hay mucha gente sin acceso a la atención sanitaria", expresó.

Trabajadores afectados

Además de la nutrida presencia de familiares, los enfermeros, asistentes y el personal de la salud que trabaja en las organizaciones alcanzadas por el reclamo también se hicieron presentes junto a sus pacientes.
Si bien muchos prefirieron permanecer en el anonimato, no escondieron su preocupación. "Nosotros nos vemos obviamente afectados por la quita de subsidios. Ya se lo ve preocupado a nuestro patrón", expresó una enfermera que trabaja hace 17 años en la Fundación Mannoni, una entidad que presta servicios terapéuticos y tiene su sede en Córdoba.

En tanto, Stella Pellegrini, terapeuta ocupacional de la Obra Don Orione de Rosario, subrayó que las consecuencias ya se visualizan en el depósito de los haberes: "Hay compañeros que no cobran con regularidad desde hace tres meses". "Se está empezando a notar la merma en la línea de tratamientos. Hay servicios en ciertos pacientes de edad avanzada que no se están cubriendo", alertó la especialista. +