Mons. Carrara: Necesitamos trabajar por la paz social integrando a los barrios populares

El obispo auxiliar de Buenos Aires y delegado episcopal para las villas y barrios populares intervino en el debate del proyecto de regularización dominial de barrios populares.

Un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, comenzó este miércoles el debate de un proyecto que modifica la ley 27.453 del Régimen de Regularización Dominial para la integración socio-urbana.

En ese marco, el obispo auxiliar de Buenos Aires y delegado episcopal para las villas y barrios populares, monseñor Gustavo Carrara, aportó una intervención en la que destaca la prioridad en el tratamiento de este tema, la importancia de los barrios populares en su aporte económico y cultural a las ciudades, y la urgencia de la ley en pos de la paz para la Argentina y un clima de mayor amistad social.

Antes del Registro Nacional de Barrios Populares, señaló el obispo, "si a muchos de nosotros, incluso viviendo en algún barrio popular, nos preguntaban cuantas villas o barrios populares hay en la Argentina, y alguien decía mil, uno decía 'me parece que estás exagerando', y el último registro que tenemos es de 5.687 villas o barrios populares".

"Es algo que no quisiéramos que estuviera pero es una realidad que existe y que hay que abordar. Las ideas se debaten, con la realidad se discierne cómo se aborda, cómo se acompaña. Me parece que allí está el núcleo duro de la pobreza y de la indigencia en la Argentina".

"Si nosotros trabajamos por la integración de los barrios populares vamos a estar trabajando porque baje realmente la pobreza y la indigencia en la Argentina, pero no sólo para la estadística, sino para evitar tanto sufrimiento, tanto dolor, porque las personas que viven en la pobreza y en la indigencia sufren y mucho".

"A veces se debate qué tipo de Estado, si más Estado presente o menos Estado presente, tal vez podríamos decir una presencia inteligente del Estado que dialogue con las comunidades en concreto, que trate de escuchar qué demandan las comunidades, especialmente los más pobres".

En este punto, consideró que "está bien ejemplificado en esto de 'techo, tierra, trabajo': qué anhelan las familias. Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia, y si no hay una presencia inteligente del Estado que dialoga con la comunidad y busca caminos para salir adelante, avanza muchas veces la criminalidad organizada".

"Hay algo que nos preocupa en la Argentina que es el crecimiento del narcotráfico, pero en los barrios populares también esto está muy asociado muchas veces a la trata de personas, especialmente a las niñas y adolescentes; esto es algo muy delicado. Entonces cuando nosotros abordamos la integración de los barrios populares, estamos abordando muchas cuestiones al mismo tiempo".

"Creo que también el concepto de integración urbana es un concepto superador: antes se hablaba de erradicar las villas, de esconderlas y así se terminaba el problema. Muchas veces eso tiene que ver con los desalojos violentos sin preguntarse las causas de por qué se llegó a donde se llegó", recordó."Después se pasó a un concepto superador, que es el de la urbanización, lo que la ciudad le da a un barrio popular".

Al respecto, planteó: "¿Cuántos millones de argentinos están sin agua potable, cuántos están sin cloacas? Lo que la ciudad formal le da a un barrio popular: electricidad segura, conectividad, etc, es muy valioso y muy bueno, pero el concepto de integración es reconocer que podemos sentarnos en una misma mesa y reconocer a los vecinos y vecinas de los barrios populares como protagonistas de su propia historia y también de la construcción de nuestro país, de nuestra patria".

"Necesitamos que se sumen más activamente, de hecho lo hacen. Nosotros estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, y hay un enorme aporte de los barrios populares en lo que llamaríamos la economía popular, que hace que la ciudad funcione", destacó el obispo.

Como ejemplo, enumeró: "Las casas donde vivimos, muchas veces las construyen albañiles de los barrios populares, la ropa con la que nos vestimos, las hacen mujeres u hombres en los talleres textiles de los barrios populares. Las verduras que comemos en nuestra mesa muchas veces vienen de trabajadores y trabajadoras que viven en barrios populares. El tiempo de pandemia nos ha permitido revalorizar todo lo que es el cuidado de las personas, de los adultos mayores, de los enfermos: muchos trabajadores y trabajadores vienen de los barrios populares y cuidan, no es que no aportan; aportan mucho", valoró.

"También desde la cultura que tienen los barrios populares, que es su modo de pararse ante la realidad: toda cultura tiene sus valores y sus disvalores", añadió, animando a "rescatar esos valores, aprender, crecer y enriquecernos. Necesitamos integrar, necesitamos la cultura del encuentro o un encuentro hecho cultura".

"Estamos ante la premura de que el 15 de octubre cae la antigua ley, por así decirlo, y la premura es porque pueden suceder desalojos también, y sinceramente la Argentina no está hoy para mayor turbulencia, para mayor enfrentamiento, entonces esta ley ahora, si ustedes la pueden dictaminar, tratar y votar, puede ser un aporte para dar también paz a la Argentina, para trabajar por la amistad social".

"Sé que el Congreso tiene un montón de leyes y temas para trabajar, y hay que discernir qué es lo prioritario y qué es lo segundo, eso es lo que ustedes hacen todos los días y lo agradecemos, pero esta es una prioridad, por eso estamos planteando esto" concluyó.

La ley actual
La Ley Nº 27.453, sancionada a finales de octubre de 2018, es una herramienta fundamental para el desarrollo de políticas públicas orientadas a la integración socio urbana de los barrios populares en todo el territorio nacional. Los principales puntos de la misma son:

Declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)

Declara de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras donde se encuentran asentados los barrios ReNaBaP relevados a 2016 e incorporados por anexo de la ley.

Suspende los desalojos por el plazo de 4 años en los barrios incluidos en el RENABAP.

Faculta al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso como instrumento de financiamiento para el cumplimiento de las acciones vinculadas a la integración socio urbana.

Establece que, al menos, el 25% de la obra pública en barrios populares debe ser ejecutada por cooperativas y/o trabajadores de la economía popular.

Durante el transcurso del presente año sucedieron dos hechos trascendentales que requieren reformar la Ley:

- En diciembre de 2021 se firmó el Decreto 880/2021, que actualizó el Registro Nacional de Barrios Populares. Por un lado, incorporó los barrios creados entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre del 2018, modificando la antigua fecha de corte del 31 de diciembre de 2016. Asimismo, incorporó los barrios ubicados en las ciudades de entre 2.000 y 10.000 habitantes. Ambas modificaciones lograron acercar los mismos derechos a una mayor cantidad de personas que viven en similares condiciones.

- En octubre de este año opera el vencimiento del plazo dispuesto por el art. 15 de la Ley 27.453 que establece la suspensión de desalojos en barrios populares incluidos en el ReNaBaP. Dicho artículo es garantía esencial para el desarrollo de obras y procesos de regularización dominial, ya que aporta seguridad en la tenencia de los vecinos y las vecinas, evitando desalojos forzosos y garantizando el derecho de las familias a permanecer en la tierra que habitan.

Ambos hechos aparecen como una oportunidad para introducir mejoras en el cuerpo normativo, basadas principalmente en la experiencia acumulada a 4 años desde la sanción de la ley.

En qué consiste la modificación propuesta
1) Declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras de los barrios populares incluidos en el Decreto 880/21, a los fines de establecer un pie de igualdad en todos los barrios a nivel nacional, mediante la actualización del Anexo de la Ley (los barrios pasaron de 4.416 a 5.687).

2) Prorrogar la suspensión de los desalojos, como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).

3) Declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en ReNaBaP, por el plazo de dos años, a los fines de agilizar los procesos administrativos.

4) Fortalecer las herramientas para el acceso a los servicios públicos garantizando la soportabilidad a través de una tarifa social adecuada, que se aplique automáticamente en todos los barrios incluidos en el ReNaBaP.

5) Incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.+