La Santa Sede expresó su preocupación por los ataques a los derechos humanos en Nicaragua

El representante del Vaticano ante la ONU manifestó la "profunda preocupación" de la Santa Sede por el recrudecimiento de la violencia en Nicaragua y los ataques a las libertades políticas y civiles.

“La Delegación de la Santa Sede toma nota del Informe del Grupo de Expertos para los Derechos Humanos sobre Nicaragua, y expresa profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia en todo el país y la reducción, en los últimos años, del espacio de diálogo y negociación entre las autoridades y la sociedad civil", afirmó monseñor Fortunatus Nwachukwu, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, en el marco de la 52º Sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se desarrolla en esa ciudad suiza.

“Con preocupación -subrayó el prelado- leemos en el informe el deterioro de la situación sociopolítica y de los derechos humanos en Nicaragua, con un aumento de las restricciones a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la asociación, junto con medidas represivas contra quienes critican al gobierno, los periodistas y los defensores de derechos humanos, así como contra miembros de asociaciones de derechos humanos y de la Iglesia Católica”.

El representante del Vaticano también recuerda "el cierre de varios medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales, incluidas organizaciones religiosas, y las acusaciones sobre el uso sistemático de la violencia por parte de las fuerzas del orden, en un clima de impunidad general, con frecuentes episodios de detenciones arbitrarias". 

Además de la expulsión de Nicaragua de algunos diplomáticos, incluido el nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag y las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa, "la Santa Sede -dijo el observador permanente- lamenta las noticias más recientes sobre los 26 años de sentencia de prisión con que se condenó a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y la privación arbitraria de la nacionalidad a más de 300 ciudadanos nicaragüenses -incluido el exiliado obispo auxiliar de Managua, Silvo José Baez-, 222 de los cuales fueron deportados a Estados Unidos".

Monseñor Nwachukwu reiteró, por tanto, el llamamiento del papa Francisco a “superar las hostilidades y buscar espacios de diálogo constructivo entre las partes, sentando las bases para el retorno a una convivencia pacífica, basada en el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, que se ven afectadas de manera desproporcionada por las circunstancias actuales". 

Por último, recordó el reciente llamamiento del Papa, en el Ángelus del pasado 12 de febrero, para que "el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos" se abra "a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo”.

Una persecución que no cesa
En una nueva muestra de su persecución contra la Iglesia, esta semana el gobierno nicaragüense privó de personería jurídica la Universidad Juan Pablo II -con sede en Managua y otras cuatro ciudades- y a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), con sede en León y otras cinco urbes. Poco después, hizo lo mismo con Cáritas Nicaragua y Cáritas Jinotega.

El pasado 21 de febrero, el presidente Ortega calificó de "mafia" a la Iglesia católica y la acusó de ser antidemocrática, por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes. Ortega ha llamado "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional, con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018.

El líder sandinista también los ha calificado de "golpistas" y los acusó de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo. La Policía Nacional, cuyo jefe supremo es Ortega, prohibió a la Iglesia católica nicaragüense celebrar las procesiones de Via Crucis durante la Cuaresma y la Semana Santa de este año.+