El Tribunal vaticano aplazó al 17 de noviembre el juicio contra el cardenal Becciu

El caso intenta esclarecer las responsabilidades de la compraventa que acabó en estafa de una propiedad en el centro de Londres

Continúa el juicio en el Tribunal Vaticano sobre la gestión de los fondos de la Santa Sede.

El Tribunal Vaticano que lleva adelante el juicio sobre irregularidades financieras en la gestión de los fondos de la Santa Sede, y que tiene entre los acusados al excardenal italiano Angelo Becciu y otras nueve personas, decidió este miércoles aplazar el proceso hasta el 17 de noviembre para que se complete el sumario, como había pedido la defensa de los acusados, pero desestimó su petición de anular el juicio.

Los defensores de los diez imputados objetaron la "omisión de presentación de documentos" por parte de los Promotores de Justicia y otras "carencias" en la fase preliminar, como la falta de interrogatorio a sus clientes.

Mientras que el promotor adjunto, Alessandro Diddi, había realizado una solicitud que él mismo definió como "sorprendente", a saber, la "devolución de los documentos" a la Oficina del Promotor de Justicia para proceder al "correcto interrogatorio" de algunos imputados.

La Corte, presidida por Giuseppe Pignatone, ordenó la devolución parcial a la fiscalía de los documentos relativos sólo a algunos acusados para que se vuelvan a analizar y se depositen antes del 3 de noviembre los que faltan, incluidas las grabaciones de video del testigo clave: la de monseñor Alberto Perlasca, que en un principio fue investigado, pero no resultó imputado al prestar declaraciones vitales para la investigación.

El juicio se reanudará el 17 de noviembre, indicó Pignatone, que desestimó la petición de anular el proceso por parte de la defensa, alegando que el sumario estaba incompleto y que se les ocultaron pruebas. 

El abogado de Becciu, Fabio Viglione, aceptó la decisión de rehacer el sumario relativo al excardenal con un interrogatorio relativo a dos de los cuatro delitos que se le imputan y por los que no había sido escuchado, uno de ellos por un presunto soborno a Perlasca.

"El fiscal dio un paso atrás admitiendo que no había realizado los interrogatorios, lo que es necesario ya que son vitales para evitar un proceso", dijo el letrado a la salida de la audiencia. 

También Giandomenico Caiazza, defensor del contador Raffaele Mincione, aseguró que al aceptar todas las peticiones de su defensa se prueba "la ilegitimidad del envío a juicio" de su defendido y recordó que cuando fue llamado a declarar por el fiscal "ya estaba preparado el pedido de arresto".

Durante la audiencia de este martes, los defensores denunciaron que la fiscalía no les proporcionó todas las pruebas, como el testimonio de Perlasca, mientras que la acusación respondió diciendo que se había tenido que "tutelar la privacidad" y también alegó la dificultad de conseguir copias de todo el material informático.

Para satisfacer a los abogados y admitiendo algunas "deficiencias", el fiscal adjunto, Alessandro Diddi, pidió el reinicio de la fase instructoria para interrogar además a algunos de los acusados que no fueron escuchados.

Según explicó en esa audiencia Luigi Paella, el abogado de Enrico Crasso, durante muchos años asesor financiero de la Secretaría de Estado, monseñor Perlasca fue interrogado hasta en cinco ocasiones como persona informada del caso, por lo que no podía faltar en el sumario el audio y el video completo de sus testimonios, ya que se les había dado sólo una transcripción parcial.

El caso intenta esclarecer las responsabilidades de la compraventa que acabó en estafa de una propiedad en el centro de Londres y que costó a las arcas de la Secretaría de Estado de la Santa Sede una cantidad estimada de 175 millones de euros. 

Como se pudo ver en el inicio del juicio, y como fue denunciado por los abogados, el proceso judicial tuvo importantes lagunas en su fase de instrucción.

La compra del edificio se inició, a través de una red de financieros y consultores, en el momento en que Becciu era, en 2014, Sustituto de la Secretaria de Estado para los Asuntos Generales, prácticamente el hombre de confianza del Papa en la gestión administrativa del Vaticano.

Además de Becciu, a quien el papa Francisco retiró sus derechos cardenalicios, también están imputados Mincione, el bróker Gianluigi Torzi, la exasesora del cardenal Cecilia Marogna, monseñor Mauro Carlino, el financiero Enrico Crasso, el gestor Fabrizio Tirabassi, el expresidente y exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente, así como el abogado Nicola Squillace.+