Sábado 16 de octubre de 2021

Declaración de la Academia del Plata sobre reforma de la Justicia

  • 2 de mayo, 2013
  • Buenos Aires (AICA)
En sintonía con la declaración de la Conferencia Episcopal Argentina, la Academia del Plata fundada hace ciento cuatro años, emitió una declaración pública sobre los proyectos legislactivos que modifican el Consejo de la Magistratura e introducen reformas en el Poder Legislativo de la Nació. La declaración, firmada por el presidente de la Academia, doctor Eduardo Quintana, y por la secretaria, doctora María Lukac de Stier, dice en uno de sus párrafos que observa con alarma como las bases de la Costitución nacional corren el riesgo de ser desconocidas o desvirtuadas a través de proyectos oficiales que se apartan de la senda trazada por las generaciones fundadoras de nuestra patria.
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En sintonía con la declaración de la Conferencia Episcopal Argentina, la Academia del Plata fundada hace ciento cuatro años, emitió una declaración pública sobre los proyectos legislactivos que modifican el Consejo de la Magistratura e introducen reformas en el Poder Legislativo de la Nació.

La declaración, firmada por el presidente de la Academia, doctor Eduardo Quintana, y por la secretaria, doctora María Lukac de Stier, dice en uno de sus párrafos que observa con alarma como las bases de la Costitución nacional corren el riesgo de ser desconocidas o desvirtuadas a través de proyectos oficiales que se apartan de la senda trazada por las generaciones fundadoras de nuestra patria.

Texto de la declaración
La Academia del Plata, fundada en 1879 por Félix Frías, José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Emilio Lamarca y otros consulares empeñados en preservar los principios que, inspirados en el orden natural, sirven de sustento a nuestra organización constitucional, observa hoy con alarma cómo las genuinas bases de la Ley Fundamental corren el riesgo de ser desconocidas o desvirtuadas a través de proyectos oficiales que se apartan de la senda trazada por las generaciones fundadoras de nuestra Patria.

La última embestida se manifiesta en iniciativas legislativas dócilmente aceptadas por las ocasionales mayorías de ambas cámaras que se traducirán, en caso de entrar en vigencia, en una subordinación de los jueces, en su actuación, designación y sustitución, a los intereses partidistas del Poder Ejecutivo, desnaturalizando de esta manera el régimen constitucional y vulnerando gravemente el bien común, causa final de la comunidad política.

Es doctrina reiterada del magisterio de la Iglesia Católica, que no puede establecerse una norma universal sobre cuál sea la mejor forma de gobierno ni sobre los sistemas más adecuados para el ejercicio de las funciones públicas, tanto en la esfera legislativa como en la administración y en la judicial. La selección para cada país de la mejor forma de gobierno se encuentra legítimamente condicionada por factores históricos y culturales vinculados a las tradiciones de cada pueblo y a circunstancias que cambian en función de los lugares y de las épocas. Sin embargo, como lo precisó el papa Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris, concuerda con la propia naturaleza del hombre una organización de la convivencia compuesta por las tres clases de magistraturas que mejor respondan a la triple función principal de la autoridad pública: legislar, administrar y juzgar. Tal estructura política, ofrece, sin duda, una eficaz garantía a los ciudadanos tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes.

El fundamental principio de la separación de poderes se manifiesta de esta forma no como un simple producto de doctrinas en boga a partir del siglo XVII sino como un sistema indispensable para el logro del bien común temporal que exige la preservación de los derechos personales y sociales así como el cumplimiento de los consecuentes deberes.

Los proyectos en controversia, tal como lo han denunciado las voces más autorizadas, lesionan de modo directo e inmediato ese principio constitucional y ponen a la República en una pendiente que acentúa el avance hacia el autoritarismo, sofocando el indispensable ejercicio imparcial de la función judicial.

La Academia del Plata exhorta a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo a que reflexionen sobre el daño irreparable que inferirán a la República si persisten en su errónea orientación y les solicita que respeten los límites impuestos por la Constitución Nacional cuya vigencia efectiva, sin asimetrías ni distorsiones, podría facilitarnos el retorno a un régimen de paz, concordia y amistad cívica.+