Costa Rica: Los obispos cuestionan la legalización del cultivo de cannabis

El episcopado pidió una revisión cuidadosa que evalúe el impacto sobre la población rural, el deterioro medioambiental y el peligro para la salud pública y la seguridad nacional.

Los obispos de Costa Rica fijaron posición sobre la aprobación legislativa del proyecto de Ley denominado: Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para el uso alimentario e industrial, aprobado por la Asamblea Legislativa y apoyado parcialmente por el Ejecutivo.

Cualquier proyecto de ley que tienda a favorecer la salud de la población y promover el desarrollo económico y social del país, sin duda es considerado positivamente por los obispos de Costa Rica, sin embargo, como se lee en el comunicado publicado el 26 de enero, por la Conferencia del episcopado costarricense (Cecor), este no es el caso del proyecto de Ley del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del Cáñamo para el uso alimentario e industrial. 

Desde muchas partes de la sociedad costarricense, incluso desde el mismo gabinete ministerial, comienzan a llegar severas críticas que ponen en entredicho las ventajas de la “liberalización” del cultivo, especialmente del “autocultivo” de marihuana. La Sala Constitucional decidió, el pasado 30 de noviembre que dicho proyecto no presentaba inconstitucionalidades y, por lo tanto, podía ser discutido por la Asamblea Nacional para su aprobación.

Después de meses de discusión y su paso por la magistratura, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó, el pasado 13 de enero, en segundo debate, el proyecto que tuvo 29 votos a favor y 10 en contra. Por su parte, el Ejecutivo anunció que apoya la propuesta, aunque realizará modificaciones en el texto presentado por el legislativo.

“El texto de la ley aprobada en la Asamblea Legislativa contiene en parte de su articulado disposiciones que entrañan riesgos para la salud y la seguridad públicas, así como algunas incongruencias que conviene resolver”, reclama el episcopado, que en varios puntos plantea las incoherencias y riesgos del texto aprobado por el legislativo.

En cuanto a la promoción de “la riqueza en las zonas rurales” y los “beneficios” para los pequeños agricultores que podría suponer migrar sus cultivos a la producción de Cannabis para uso terapéutico y de Cáñamo, variante de la planta cuya fibra es usada en la industria textil, de biocombustibles y otras, los obispos consideran que más bien favorecería la actividad de grandes productores, incluidas empresas transnacionales. Además, advierten que tampoco ayudaría a una generación de empleo significativa como lo demuestra un estudio de Procomer, la agencia del Estado Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.

En términos ambientales, la nota del episcopado subraya que “los monocultivos tienen implicaciones en el deterioro ambiental, al margen del tipo de insumos que se utilicen como abono y para el control de plagas”.

Pero quizás la preocupación mayor es el riesgo de un aumento de la "actividad delictiva" ante la imposibilidad de reconocer las “plantaciones ilícitas” de “cannabis psicoactivo” o marihuana, de las plantaciones de uso industrial debido a la “gran similitud entre las plantas de cáñamo y de cannabis”, una situación que ya ocurre en otros países. 

Aumento de consumo de marihuana entre los jóvenes
Los obispos costarricenses consideran que un “cultivo descontrolado de cannabis psicoactiva”, además “muy factible” en el país, ocasionaría un grave daño a la salud pública, sobre todo, a la población adolescente.

La nota revela que según el IAFA, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, la edad media de inicio en el consumo de marihuana ha ido descendiendo consistentemente desde el año 2012, llegando a 13,4 años en 2018, una situación que se podría agravar con un aumento sustancial de la oferta. Por otra parte, el episcopado señala la incompatibilidad de los permisos relacionados con el autocultivo y autoconsumo contempladas en convenciones internacionales suscritas por el país.

El comunicado de la Cecor llama a las autoridades, tanto del legislativo como del Ejecutivo a “sopesar beneficios y perjuicios de este proyecto de ley aprobado en su fase legislativa” para el bien de toda la población. “En caso de llegar a la autorización del uso industrial del cáñamo y el medicinal del cannabis psicoactivo, deben asegurarse todos los mecanismos que logren anular los riesgos sanitarios y de seguridad de esta actividad”, concluyen.+