Abogados católicos piden reflexionar sobre el voto a la luz del histórico sermón de Esquiú

Relacionan la beatificación del Orador de la Constitución con las próximas elecciones legislativas, a las que consideran "cruciales" para el futuro, por lo que sugieren releer su "inmortal sermón".

La Corporación de Abogados Católicos “San Alfonso María de Ligorio” vincula la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, prevista para el próximo sábado 4 en Catamarca, con las inminentes elecciones legislativas a las que consideran “cruciales para el futuro de la República Argentina”.

“Resulta imperioso por ello volver al espíritu de la Constitución Nacional de 1853, a aquellos principios que se contienen en su Preámbulo y en las ‘Declaraciones, derechos y garantías’, afortunadamente preservados de los cambios posteriores que afectaron su parte operativa”, reclaman en una declaración.

Asimismo, destacaron la “pieza magistral” del sermón que Esquiú pronunció el 9 de julio de 1853, en el que dio “las pautas para la búsqueda del equilibrio entre el verdadero bien individual y el bien común”.

Los abogados católicos llamaron a los argentinos de buena voluntad a “reflexionar sobre la grave responsabilidad del voto a la luz de la exhortación del beato Esquiú en ese inmortal sermón: ‘Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin leyes no hay Patria, no hay verdadera libertad; existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males de que Dios libre eternamente a la República Argentina; y concediéndonos vivir en paz, y en orden sobre la tierra, nos dé a todos gozar en el cielo de la bienaventuranza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, por quien y para quien viven todas las cosas. Amén’.”

Firman la declaración el presidente de la Corporación de Abogados Católicos, Pedro J. M. Andereggen y su secretario, Carlos J. Mosso.

Texto de la declaración
La beatificación de Fray Mamerto Esquiú (Catamarca 1826 - Córdoba 1883) que se llevará a cabo el día 4 del corriente, es motivo de gran alegría y agradecimiento a Dios por la vida ejemplar de este hombre lleno de fe y de amor a la Patria, síntesis admirable de vida mística y de acción política: convencional y legislador de la Provincia de Catamarca, obispo de Córdoba en 1880. Su hagiografía excede naturalmente al memorable sermón pronunciado en la Iglesia Matriz de Catamarca el 9 de Julio de 1853, en el que instó con elocuencia y firmeza a jurar la Constitución Nacional, y por ello su figura no debe reducirse de ningún modo a ese sólo aspecto. 

No obstante, ante las inminentes elecciones legislativas que, a semejanza de aquella circunstancia histórica, pueden ser cruciales para el futuro de la República Argentina, esta Corporación señala que es imperioso asegurar que ese porvenir no se vea arrojado: a las fuerzas de la tiranía y de la corrupción, merced al sometimiento de la Justicia; a la anarquía del caos, permitiendo que bandas de facinerosos desconozcan la soberanía nacional sobre nuestros territorios, relegándose de su función a nuestras Fuerzas Armadas, presentes desde el origen de la Patria, muchos de cuyos miembros permanecen encarcelados con injusta asimetría; a la opresión civil y religiosa, con leyes inicuas que atentan contra la vida naciente, pervierten la educación de los niños y violentan la conciencia de instituciones, médicos y educadores; a la ruina moral y económica de las familias, desconociendo la verdadera naturaleza del matrimonio como unión solamente entre un varón y una mujer, y a la imposición de cargas fiscales que constituyen verdaderas confiscaciones; a la inseguridad física y emocional de los ciudadanos, producto de una irracional y contradictoria concepción de la libertad humana, que la exacerba para acciones intrínsecamente malas so color de actos privados, negando, disimulando o consintiendo el daño individual y social causados con ellas, y suprimiéndola para la asunción de las responsabilidades inherentes al delito, al transferirla de forma automática e infundada hacia toda la sociedad. 

Resulta imperioso por ello volver al espíritu de la Constitución Nacional de 1853, a aquellos principios que se contienen en su Preámbulo y en las “Declaraciones, derechos y garantías”, afortunadamente preservados de los cambios posteriores que afectaron su parte operativa, y que a lo largo de la historia se han demostrado inconvenientes, tales como -por dar un ejemplo- la falta de fijación constitucional del número de Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que establecía la de 1853- o el sometimiento -a partir de la de 1994- de las instancias judiciales inferiores a un Consejo de la Magistratura que no tiene una composición precisa y determinada, lo que ha causado su control por las facciones políticas, con el consecuente temor y parálisis en el funcionamiento de este indispensable contrapeso del poder. 

Dijo el beato Esquiú en el memorable “Sermón de la Constitución”: “¡Dios se mece sobre los hombres, como el sol centellea sobre los planetas! ¡Por esto es sublime la sociedad! ¡Por esto es grande! ¡Por eso se exalta, palpita nuestro corazón cuando sentimos la vida de las naciones! por eso la religión y la patria tienen los mismos intereses, nacen de un mismo principio, caminan cada uno por vías peculiares de un mismo fin, y la una y la otra con sus pies en la tierra, y asidas de sus manos con eterno amor, campean sus cabezas en el horizonte de lo infinito.” 

Por ello es necesario, en primer lugar, que el Estado fomente la religiosidad de sus habitantes, porque como reconoce la Constitución, Dios es la “fuente de toda razón y justicia”, tanto a través de la enseñanza en la escuela pública y privada, como con el sostenimiento de aquellas actividades de bien común que realizan las instituciones religiosas. Ello en manera alguna afecta a los no creyentes dado que la Constitución garantiza el respeto de su conciencia, mas la libertad de culto establecida no puede ser la excusa para que se impida la promoción de los valores religiosos con el pretexto de una inexistente obligación de “neutralidad estatal”, totalmente extraña a los Pactos que dieron origen a nuestra Carta Magna y que sólo disimula un odio hacia todo lo religioso a través de la intolerancia laicista, tal como puede observarse en los recientes atentados contra la Catedral de Buenos Aires que no han sido ni siquiera objeto de repudio por las autoridades. Lejos de ser “el opio de los pueblos”, la religión es la mayor garantía de un orden social justo y del cumplimiento espontáneo de las obligaciones por parte de los ciudadanos. 

Debe también el Estado fomentar la estabilidad familiar, tan dañada con la eliminación legal del sagrado y elemental deber de fidelidad; la natalidad, imprescindible para el desarrollo integral y económico de los pueblos; la educación útil para el trabajo desde la más tierna infancia y el favorecimiento libre de los emprendimientos económicos privados, protegiendo con sus órganos de gobierno el fruto legítimo del trabajo y de la actividad propia o asociativa y no persiguiendo e interfiriendo con ellos la labor de los ciudadanos. Por el contrario, se observa a los gobernantes ostentar con escándalo los privilegios del poder, celebrando fastos cuando el pueblo no pudo despedir a sus muertos; exaltar públicamente la lujuria hasta un nivel chabacano; facilitar y cooperar en la matanza de niños inocentes como “política de estado”; promover la pornografía y el juego que arruina a individuos y familias; no combatir la trata de personas ostensible en los centros de las grandes ciudades; justificar el flagelo de la droga con la perfidia inherente al impulso de su legalización; otorgar planes sociales indiscriminados como captación electoral, desmotivando el trabajo genuino; instigar y justificar desde el poder, actos de usurpación y de daño debilitando el derecho de propiedad privada, esencial para la paz y prosperidad social. 

Sean los sabios preceptos de esa primera parte de la Constitución Nacional la verdadera y segura doctrina para corregir los desvíos. El nuevo Beato dio, en esa pieza magistral, las pautas para la búsqueda del equilibrio entre el verdadero bien individual y el bien común. En efecto, destacó el valor supremo de la persona humana al indicar “¡Que el individuo, el ciudadano no sea absorbido por la sociedad, que ante ella se presente vestido de su dignidad y derechos personales; que éstos queden libres de la sumisión a cualquier autoridad!”. Y con no menos vehemencia previno proféticamente “Me diréis: nosotros queremos progreso, libertad, porvenir, y lo inmóvil es inerte, lo inmóvil no vive. Pero, señores, los principios no progresan y la ley en el orden social es como el axioma en el orden científico: la ley es el resorte del progreso, y los medios no deben confundirse con los fines. ¡Libertad! no hay más libertad que la que existe según la ley: ¿queréis libertad para el desorden? ¿La buscáis para los vicios, para la anarquía? ¡Maldigo esa libertad!” 

Por ello, frente a las próximas elecciones legislativas, llamamos a todos los argentinos de buena voluntad a reflexionar sobre la grave responsabilidad del voto a la luz de la exhortación del Beato Esquiú en ese inmortal sermón: “Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin leyes no hay Patria, no hay verdadera libertad; existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males de que Dios libre eternamente a la República Argentina; y concediéndonos vivir en paz, y en orden sobre la tierra, nos dé a todos gozar en el cielo de la bienaventuranza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, por quien y para quien viven todas las cosas. Amén.” 

Más información: www.abogadoscatolicos.org.ar.+