Los obispos españoles reflexionan sobre la conflictiva Ley de Educación que impulsa el Gobierno

En Asamblea, el episcopado español, cuestiona las trabas que la nueva ley quiere imponer a la acción de las instituciones educativas católicas concertadas

La Conferencia Episcopal Española (CEE) reunida en Asamblea Plenaria del 18 al 20 de noviembre, en modalidad presencial y online, celebra hoy su tercera jornada de reuniones y el tema principal es la Educación. Los obispos reflexionarán sobre la nueva Ley de Educación de la ministra Isabel Celaá. Una ley que llega al pleno del Congreso este jueves antes de su envío al Senado.

El pasado lunes la nueva Ley de Educación ocupó buena parte del discurso de inauguración del presidente de la CEE, cardenal Juan José Omella.

En su intervención, que se ha ofrecido en directo en el canal de You Tube de la Conferencia Episcopal y en la página web, el cardenal Omella leyó su discurso con el título “Renacer entre todos”, en el que lamentó las "trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas"

El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, líder del PSOE; en coalición con Podemos, pretenden acelerar la tramitación de la Ley de Modificación de la Ley Orgánica de Educación conocida por sus siglas LOMLOE o también como Ley Celaá, por la actual ministra de educación y principal impulsora de su reforma.

Esta nueva ley de Educación introduce algunas modificaciones a la legislación vigente que dificulta el derecho de elección por parte de los padres sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos, lo que repercute también en el funcionamiento de los centros concertados, y pone en peligro su continuidad.

En su discurso de apertura de la Asamblea de los obispos españoles, el arzobispo de Barcelona reclamó, una vez más, un pacto educativo que abarque los campos de la vida social, cultural y educativa. “En el episodio de grave crisis social que atravesamos, sabemos que debemos intensificar nuestro compromiso educativo, especialmente allí donde más se sufre”, dijo el presidente de la CEE.

Por otro lado, el prelado lamentó “todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas”, y recordó que no es el momento de poner trabas, sino de “trabajar conjuntamente, de cooperar de forma eficaz y eficiente para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, respetando en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos”.

El retroceso de la asignatura de Religión
Sin embargo, parece que la Ley de Educación sigue su calendario a una velocidad inesperada (se votaron casi mil enmiendas en un día) y la Educación Concertada y la asignatura de Religión parece ser que van a ser las mayores damnificadas.

El proyecto de la ley orgánica educativa que impulsa la ministra de Educación y Formación Profesional quita la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y además su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media para adquirir becar o para los procesos de acceso a la universidad. Un retroceso en el peso de la asignatura que ha provocado el recelo de buena parte del sistema educativo. Más de tres millones de alumnos están matriculados actualmente en la asignatura de religión que el Gobierno desprecia.

La presencia de la Religión católica en los colegios españoles es fruto de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado. Estos tratados, como recuerda el propio texto de la LOMCE, "es de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas". La gestión educativa de la selección de materiales didácticos o de la medición de logros académicos corresponderían a las autoridades religiosas y al profesorado de religión.

Eliminar el criterio "demanda social" para la educación concertada
La intención de la legisladora socialista para la educación concertada es eliminar el criterio de "demanda social" como criterio para la planificación escolar. La demanda social consiste en que los centros concertados puedan abrir más plazas si reciben más demanda de la sociedad. Para Celaá, esta circunstancia se trata de uno de los "aspectos más lesivos" de la LOMCE y un "eufemismo".

Es decir, que, si las familias españolas desean que sus hijos estudien en un centro concertado, no podrán hacerlo en cuanto la última plaza esté ocupada. La consecuencia directa para estas familias será matricular a sus hijos en centros públicos o privados, sin contar con la opción de la concertada. Por lo tanto, los beneficiarios de esas plazas libres serán otros centros, pero no los concertados. Un derecho fundamental que recoge la Constitución en su artículo 27. Este artículo, en sus diez puntos, es la expresión básica del pacto educativo en España con tres pilares: derecho a la educación, libertad de enseñanza y derecho de los padres.

La nueva ley de Educación pretende incrementar las plazas de enseñanza pública a costa de reducir hasta su eliminación la de los colegios concertados. En España se calcula que hay alrededor de dos millones de alumnos estudiando en centros concertados. Con la 'Ley Celaá', el Gobierno intenta poco a poco reducir la presencia de estos alumnos en el conjunto del sistema educativo.+