La Universidad Católica de Salta en defensa de la independencia judicial

La Facultad de Ciencias Jurídicas y el Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) expresaron "preocupación" por el tratamiento asignado en el Congreso de la Nación a los proyectos de ley sobre el servicio de justicia, que remitió el Poder Ejecutivo, y criticó que sean considerados "sin el necesario análisis acerca de sus consecuencias". En este sentido, recuerdan que "el Poder Legislativo no solamente es un ámbito de sanción de las leyes, sino que también le corresponde abrir mecanismos de participación y de debate ciudadano, escuchando el punto de vista de los distintos sectores de la comunidad". "Es, en definitiva, lo que reclamó la Asamblea Plenaria del Episcopado argentino cuando puntualizó que estos proyectos de ley requerían de ´amplias consultas, debates y consensos previos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos´", subrayaron. La declaración "En defensa de la independencia judicial" lleva las firmas de los doctores Benjamín

La Facultad de Ciencias Jurídicas y el Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) expresaron "preocupación" por el tratamiento asignado en el Congreso de la Nación a los proyectos de ley sobre el servicio de justicia, que remitió el Poder Ejecutivo, y criticó que sean considerados "sin el necesario análisis acerca de sus consecuencias".

En este sentido, recuerdan que "el Poder Legislativo no solamente es un ámbito de sanción de las leyes, sino que también le corresponde abrir mecanismos de participación y de debate ciudadano, escuchando el punto de vista de los distintos sectores de la comunidad".

"Es, en definitiva, lo que reclamó la Asamblea Plenaria del Episcopado argentino cuando puntualizó que estos proyectos de ley requerían de ´amplias consultas, debates y consensos previos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos´", subrayaron.

La declaración "En defensa de la independencia judicial" lleva las firmas de los doctores Benjamín Pérez Ruiz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y Ricardo Gómez Diez, director del Instituto de Derecho Constitucional.

Texto completo de la declaración
Vemos con preocupación el tratamiento asignado en el Congreso de la Nación a los proyectos de ley sobre el servicio de justicia, que remitió el Poder Ejecutivo, y que son considerados sin el necesario análisis acerca de sus consecuencias. En tal sentido señalamos que el Poder Legislativo no solamente es un ámbito de sanción de las leyes, sino que también le corresponde abrir mecanismos de participación y de debate ciudadano, escuchando el punto de vista de los distintos sectores de la comunidad. Es en definitiva lo que reclamó la Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino cuando puntualizó que estos proyectos de ley requerían de "? amplias consultas, debates y consensos previos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos".

La eliminación de la mayoría agravada de los dos tercios para conformar ternas para la designación de magistrados, aplicar sanciones, como también para suspender y acusar a los magistrados federales, implica la pérdida de una garantía fundamental para la independencia judicial. Si para suspender y acusar a un funcionario electo, la Constitución requiere los dos tercios, está claro que los jueces no pueden ser suspendidos o acusados por una mayoría simple que puede llegar a estar en manos de un mismo sector político.

La integración del Consejo de la Magistratura debe disponerse según el criterio de "equilibrio" que manda el art. 114 de la Constitución Nacional, el que no es respetado en el texto propuesto por el Poder Ejecutivo. Establecer que los representantes de los jueces deban ser elegidos en listas de los partidos políticos en elecciones generales, implica la "partidización" de los jueces, cuando precisamente la actividad política es incompatible con la de administrar justicia.

La creación de Cámaras de Casación y las reformas procesales propuestas, requieren de un mayor análisis y estudio por cuanto agregan una nueva instancia en momentos en que la sociedad reclama eficacia y celeridad en los procedimientos judiciales. Tampoco estamos de acuerdo con la cobertura transitoria de los cargos de jueces de dichos tribunales, porque con ello se viola el mecanismo constitucional previsto para la designación de los magistrados, afectando, asimismo, el principio de inamovilidad.

La reglamentación de las medidas cautelares importa una gravosa limitación a los derechos ciudadanos, que contraviene la propia naturaleza protectora de esta garantía. Los efectos suspensivos de la apelación por parte del Estado dejan desguarnecido al justiciable que ha padecido la vulneración de sus derechos.

En definitiva, creemos que en lo esencial las medidas propuestas apuntan a limitar la independencia del Poder Judicial, haciéndolo vulnerable respecto de los poderes políticos, y de esa manera desvirtuando su función "contramayoritaria", es decir, de protección de los derechos de los individuos cuando son lesionados por el propio Estado.

Por lo expuesto, reafirmamos la necesidad de la defensa del "Estado Constitucional de Derecho", de su Carta Fundamental y del principio de división de poderes que la misma establece, exhortando al diálogo, al debate y a la construcción de consensos entre legisladores, colegios profesionales y las Altas Casas de Estudios, para una reforma judicial que tenga significativa trascendencia para la convivencia en paz de los argentinos. A tales efectos, ofrecemos nuestra institución como ámbito adecuado para ese diálogo y debate.+