Servicio Jesuita a Refugiados denuncia abusos en las fronteras de Colombia y Chile

El SRJ advierte sobre las nuevas normativas que impiden el ingreso irregular de migrantes venezolanos a Colombia y sobre la crisis humanitaria en la frontera norte de Chile.

El Servicio Jesuita a Refugiados de América Latina y el Caribe (SJR), manifestó su gran preocupación frente a las complejas situaciones que se están viviendo por un lado en la frontera norte de Chile, en particular en las localidades de Colchane y Huara, y por otro lado rechazó las acciones que van en detrimento de la dignidad humana y de la protección de los derechos fundamentales de la población migrante y refugiada en la frontera colombo-venezolana.

La organización recordó que la frontera entre Colombia y Venezuela es una frontera viva, atravesada por una cultura compartida con la línea limítrofe de dos Estados.

El llamado de la institución a las autoridades colombianas es a implementar medidas integrales para la protección de la vida y los derechos humanos de toda persona sin importar su nacionalidad o condición migratoria. Así hablan de la necesidad de aplicar mecanismos legales de protección ratificados y que se refieren al acceso al territorio y los elementos que determinan la condición de refugiado, según documentos como la Declaración de Cartagena. 

El objetivo es que se respete la interacción natural, cultural e histórica, que representa la identidad de los habitantes de esta región fronteriza.

El pronunciamiento del Servicio Jesuita a Refugiados de América Latina y el Caribe obedece a las medidas reglamentadas por las autoridades colombianas que, con el propósito de impedir el ingreso irregular de migrantes venezolanos, ha empleado el uso excesivo de la fuerza con acciones que incluyen el volcamiento de canoas con población migrante en medio de operativos emprendidos durante la etapa de flexibilización de la cuarentena en Venezuela.

Las disposiciones de Migración Colombia indican que todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales entre Colombia y Venezuela, permanecerán cerrados hasta el próximo 1 de marzo, dando cumplimiento al decreto 039 del 14 de enero del presente año.

Con estas normas el Gobierno Nacional regula la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, en el contexto de la emergencia sanitaria causada por la propagación del Covid-19. 

Este decreto solo permite el tránsito por frontera de caos fortuitos o de fuerza mayor, como es el caso del transporte de carga y mercancía. 

Crisis humanitaria en la frontera: es urgente una respuesta continental y global
La compleja situación que se está viviendo en la frontera norte de Chile y en particular en las localidades de Colchane y Huara, que han mostrado un alto número de personas migrantes que han ingresado a través de pasos no habilitados también es motivo de preocupación de la SJM.

Según su experiencia en terreno en el norte del país, el SJM afirma que “la situación que hoy enfrenta la zona y la región de Tarapacá no es nueva, pero si se ha visto sumamente magnificada por la crisis sanitaria ligada al Covid-19 Esto lo corroboramos con nuestro trabajo a través de la entrega de ayuda humanitaria en la región en la primera ola de la pandemia el año pasado”.

Waleska Ureta Cañas, director del SJM en Chile, escribe: “Los graves problemas políticos y sociales que afectan a países como Venezuela, han generado, como hemos venido reiterando desde hace mucho tiempo, una crisis humanitaria sin precedentes, en la que millones de personas migran forzadamente para salvar sus vidas o en busca de una mejor existencia para sus familias. Estas personas se arriesgan a cruzar el desierto, con niños y adultos mayores, exponiéndose a los peligros del tráfico y la trata dada la desesperación por encontrar una vida segura”.

Por ello que el Servicio Jesuita a Migrantes considera que Chile “debe estar a la altura, entregando una respuesta no solo migratoria, sino que sobre todo humanitaria y que contenga la crisis sanitaria”. 

Hay que entender que “esta situación es continental, por lo que la respuesta debe ser continental también” reitera el SJM. Las recientes iniciativas de control de la frontera, son un deber del Estado en pos del freno a la trata y tráfico en coordinación con países vecinos. Por ello el SJM espera que esto sea un aliciente para firmar el Pacto Mundial sobre Migración, que Chile aún no ha suscrito, y recuerda la urgencia de “que se hagan esfuerzos mancomunados e intersectoriales en todos los niveles (local, provincial, regional, y nacional) en conjunto con la sociedad civil, para proteger la dignidad y la salud tanto de personas nacionales como de las personas migrantes”.

La nota de Waleska Ureta Cañas termina con estas palabras: “Como país tenemos el desafío de avanzar a convertirnos en una sociedad de acogida sensibilizada con estas situaciones que afectan de manera tan dolorosa la biografía de tantas personas, una sociedad que promueva y proteja los derechos de todas y todos quienes habitan en nuestro país”. +