Régimen Penal Juvenil: la Pastoral Social tucumana se reunió con legisladores nacionales

El arzobispo Carlos Sánchez y miembros de ese equipo plantearon la posición de la Iglesia en Tucumán frente al proyecto de bajar la edad de punibilidad hasta los 13 años. Conclusiones y aportes.

La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tucumán se reunió con legisladores nacionales de la provincia para reflexionar sobre el proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil.

"Como Iglesia en Tucumán, compartimos, con los representantes nacionales y con la comunidad toda, nuestra mirada e inquietudes, sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en nuestros contextos sociales y, al mismo tiempo, expresar nuestra preocupación ante algunas propuestas de reforma del régimen penal juvenil, que buscan bajar la edad de punibilidad, incluso hasta los 13 años", explicó en una nota de prensa.

"Nuestras ideas y reflexiones son fruto de la experiencia de trabajar y conocer la realidad de las cárceles, de las familias de las personas presas, de los menores que han infringido la ley, de los menores que viven y se desarrollan en nuestros barrios, en especial, en las comunidades más vulnerables y más carenciadas. Queremos ser la voz de aquellos que habitan esas realidades, y ser la voz de aquellos que se han visto cercenados o violentados en sus derechos y en su dignidad", agregó. 

Asistentes
Estuvieron en la reunión los miembros de la Pastoral Social arquidiocesana; el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez; el obispo auxiliar, monseñor Roberto Ferrari; los sacerdotes José Ignacio Abuin y Marcelo Durango; los diputados Pablo Yedlin, Gerardo Huesen y Carlos Cisneros, este último por medio de un representante; y las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. 

Nuestra Realidad
La Pastoral Social indicó que en las estadísticas se observa que, en general, "los adolescentes no son el problema principal de la inseguridad".

"Los delitos cometidos por adolescentes entre los 14 y los 16 años, representan el 0,4 %, un porcentaje bajo respecto de los delitos cometidos en el país. Y el porcentaje de participación en homicidios es del 0,7 %", puntualizó la entidad, citando el Informe Estadístico 2023 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Según el Relevamiento Nacional de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del primer semestre de 2023, de "los infractores de la ley sólo el 1,1 % son menores de 16 años".

"Al mismo tiempo, en los delitos donde niños y adolescentes son protagonistas, se percibe una magnificación de parte del debate público y en algunos medios de difusión. Las experiencias internacionales han demostrado que 'disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate de la inseguridad'", se subrayó.

La Pastoral Social también planteó que "es evidente que, en los contextos en los que se producen hechos delictivos de adolescentes, están involucrados adultos que los conducen a estas conductas, cuando no directamente las fuerzan, ya sea desde la entrega de un arma, la logística, la comercialización de los bienes robados, el narcotráfico, etc. Un menor que entra en conflicto con la ley, o bien está influenciado por un adulto que lo manipula para obtener un beneficio propio, o bien está abandonado a su propia suerte por el mundo adulto y sus instituciones". 

"El proceso de desarrollo cognitivo y psicológico completo de una persona, que le permite razonar, anticiparse, planificar o realizar juicios críticos, a la edad de 18 o 19 años aún está incompleto", se puntualizó, citando el Documento de la Pastoral Carcelaria Argentina de agosto 2024. "Las estadísticas reflejan que la privación de libertad aumenta la violencia y la reincidencia, que el encierro temprano promueve una socialización en la violencia, la adopción de códigos propios de la cárcel, la anulación de la identidad y el desarraigo", se añadió. 

La Pastoral Social tucumana advierte que "proponer la baja de la edad de punibilidad como solución a la problemática de la niñez y la adolescencia que delinque no es más que exceptuarnos de la responsabilidad que nos toca a todos ante una realidad que, como ciudadanos (y más aún como cristianos), nos interpela y nos pide que tomemos parte en su cuidado. Una realidad en la que 7 de cada 10 niños son pobres (según el informe del INDEC de septiembre de 2024), haciendo que niños, niñas y adolescentes sean muy vulnerables". 

Propuestas e ideas superadoras
Asimismo, se consideró que "es muy necesario un nuevo régimen penal juvenil, que acompañe y promueva integralmente el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad mínima de punibilidad". 

"Creemos que es fundamental fortalecer los dispositivos del régimen penal juvenil actual, y el vínculo entre el Estado y las organizaciones de la comunidad, promoviendo una justicia restaurativa que reduzca la reincidencia", se sostuvo. 

Asimismo, se afirmó que es necesario "promover un sistema de justicia especializado, para adolescentes y jóvenes, con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley, antes que en la represión. Con un abordaje diferenciado desde el inicio de la investigación hasta la finalización de la sanción, con la participación de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos interdisciplinarios, y con la consiguiente asignación de recursos económicos".

Es preciso implementar "políticas de seguridad dirigidas fuertemente hacía los adultos, con el objetivo de evitar la cooptación de niños y jóvenes, las políticas de seguridad enfocadas en los grandes eslabones de la delincuencia, como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas", se profundizó.

La Pastoral Social consideró, asimismo, que "toda reforma de la ley debe estar acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia", y también de "políticas y programas que, con una importante asignación de recursos económicos, contemplen, entre otras iniciativas, las que pueden verse a continuación, relacionadas con la promoción y el trabajo de reinserción social:

• La reinserción educativa. 
• El tratamiento específico, de los consumos problemáticos en niños y adolescentes. 
• Capacitación y formación en oficios. 
• Planes de trabajo personalizados, que tengan por objetivo que puedan responsabilizarse de sus acciones y reparar el daño producido 
• Sanciones alternativas que alejen a los adolescentes del delito, tales como prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, obligación de reparar lo dañado, etc. 
• Promover y facilitar espacios recreativos y formativos comunitarios, con participación de la familia (programas deportivos, de formación artística y en oficios, entre otros) 

Reflexión
Como sociedad, necesitamos reflexionar en la línea que propone la Pastoral Carcelaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA, agosto 2024): "¿Quiénes estuvieron presentes para brindar contención en momentos decisivos? ¿La familia? ¿El Estado en general? ¿La escuela? ¿La Iglesia? ¿Los vecinos del barrio? Es por ello que decimos que, cuando alguien comete un delito, transgrede la ley y cae preso es porque alguien estuvo ausente: la familia, la sociedad, el estado, la escuela, la Iglesia, etc. "Aquí y en cualquier sociedad del mundo, las altas tasas de inequidad, exclusión y pobreza van acompañadas de altas tasas de conflicto con la Ley Penal".

En los barrios y comunidades en los que, como Iglesia, trabajamos a diario, somos testigos de los frutos de las acciones comunitarias que incluyen actividades educativas, deportivas, recreativas, artísticas y religiosas donde las niñeces y adolescencias son protagonistas. Estamos convencidos de la importancia de opciones institucionales claras por continuar ese camino, enfocadas en desarrollar a los más pequeños como personas con derechos plenos. "Nunca el encierro, ni penas más duras, ni la baja de la punibilidad, son la solución para detener la violencia. Son salidas superficiales y sin lógica de solución hacia el futuro" (Pastoral Carcelaria, CEA, agosto 2024). 

Buscamos una vida nueva y digna para todos, promoviendo la fraternidad y la esperanza, donde todos tengan la misma oportunidad y posibilidad de crecer y desarrollarse plenamente.

Ideas vertidas - Conclusiones del Encuentro
Los sacerdotes Marcelo Durango y José Abuin comenzaron la reunión detallando lo expuesto en el punto "Nuestra realidad", invitando a pensar en los ejemplos de otros países y si se pueden aplicar las leyes por igual en Buenos Aires que en el interior del país, ya que son contextos y estilos de vida diferentes. 

La señora Hernández, en la misma línea, cuestionó si los adolescentes tienen la contención suficiente, ya que es gravísimo pensar en solo bajar la edad para disminuir un delito, ya que tampoco hay lugares y redes de contención, los suicidios se suceden por falta de perspectivas y de salida superadora, y propuso el deporte como un horizonte eficiente que no requiere mayores presupuestos. 

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La comisaria Mónica Delgado reconoce que hay delitos de menores que deben ser juzgados, pero con elementos de justicia especializados, con un sentido propositivo. 

Monseñor Sánchez expresó que es un problema complejo, partiendo de la fragilidad de la familia. 

La senadora Sandra Mendoza agradeció la reunión, compartió la visión sobre la complejidad del tema y afirmó que la solución la debemos buscar entre todos, y que para debatir la ley hay que tener cuidado y escuchar a todos los especialistas posibles. Finalmente,  se puso a disposición de la Pastoral Social. 

El diputado Pablo Yedlin expresó que no está de acuerdo respecto de la relación causa- efecto de la menor inseguridad con la disminución de edad de imputabilidad. Reconoció la necesidad de un régimen penal juvenil federal que la Nación no posee. Agradeció la preocupación de la Iglesia en este sentido. 

El diputado Gerardo Huesen opinó que se ha presentado una ley de baja de imputabilidad para considerar el daño que produce un menor que delinque,  a la vez que reconoció la falta de legislación penal juvenil. 

La senadora Beatriz Ávila también agradeció la convocatoria de la Pastoral Social e invitó a sus integrantes a exponer en la Cámara de Diputados el aporte que están haciendo. Está de acuerdo en cambiar el régimen penal actual,  que tiene un estilo paternalista y data de 1980, además de buscar un proyecto que debe ser enmarcado en un contexto social general. 

El representante del diputado Carlos Cisneros expresó la preocupación del legislador, porque se ven involucrados niños y se violan sus derechos. 

Monseñor Sánchez los animó a todos a buscar lo mejor para la Patria y lo mejor para Tucumán, y repitió la disponibilidad como Iglesia a hacer los aportes que sean pertinentes,  porque todos queremos velar por el bien común. 

Retomando el acuerdo de dar un buen debate respecto a la Reforma del Régimen Penal Juvenil, se dio por terminada la reunión.+