Nicaragua: La Policía sandinista apresó a un segundo sacerdote
- 14 de julio, 2022
- Managua (Nicaragua) (AICA)
El asedio del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia continúa en Nicaragua. La policía apresó al padre Leonardo Urbina, ante una denuncia en su contra de "una supuesta violación".
El padre José Leonardo Urbina, párroco del Perpetuo Socorro, de Boaco (Nicaragua), fue detenido este miércoles 13 de julio, por la Policía Nacional, y en la tarde fue presentado en los Juzgados de Managua, acusado de la supuesta violación de una adolescente de 14 años, según lo confirmó la arquidiócesis de Managua.
El presbítero fue citado a la estación de Boaco para responder a una ‘supuesta’ denuncia de abuso sexual sin suficiente material probatorio. Medios locales aseguran que la audiencia contra Urbina se hizo a puerta cerrada y con presencia solamente de medios de comunicación afines a Ortega. De hecho, Yolanda Pía Fletes Cano, jueza suplente, admitió la acusación dictándole prisión preventiva. La audiencia inicial se programó para el 21 de julio.
La noche del mismo miércoles, un grupo de feligreses de Boaco se apostó en la entrada de la parroquia del Perpetuo Socorro, para protestar, exigiendo la libertad del sacerdote. "Estamos aquí para manifestar contra la injusticia a nuestro párroco", expresaron los feligreses y denunciaron que "todo esto estaba montado", según constataron medios locales.
Segundo sacerdote detenido
El padre Urbina se convirtió en el segundo religioso detenido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús Nazareno —también conocida como El Calvario—, de Nandaime, Granada, fue condenado el 22 de junio a dos años de prisión por el supuesto delito de amenazas con arma blanca a cinco personas y una multa de 14.116 córdobas o 200 días multas.
El religioso fue trasladado al Sistema Penitenciario de Granada, donde permanecerá en prisión, según establece el fallo judicial, que lo sentenció después que la noche del 30 de mayo, salió al atrio de la iglesia con un machete en mano en actitud defensiva ante un grupo de pobladores que le gritaban improperios como “asesino”.
Desde su arresto el 2 de junio, se conoció que era acusado por “violencia física en concurso ideal de violencia psicológica” contra Martha Candelaria Rivas Hernández, la supuesta víctima, a quien el régimen también arrestó después de que se negó a firmar la denuncia por la supuesta agresión intencional.
El 1 de julio, el párroco fue declarado culpable de dos delitos más: lesiones psicológicas y lesiones físicas en perjuicio de Rivas Hernández. La Fiscalía pide dos años y ocho meses de prisión por ambos delitos.
El asedio orteguista contra sacerdotes y obispos
El régimen ha mantenido un ataque frontal contra obispos y sacerdotes de la Iglesia católica, a quienes califica de “terroristas” y “golpistas” desde 2018, cuando alzaron la voz contra la represión y masacre que dejó más de 325 asesinados entre abril y septiembre de ese año, y sus templos fueron usados como refugio de cientos de estudiantes y ciudadanos.
El 6 de julio, Ortega expulsó del país a 18 religiosas de las Misioneras de la Caridad, orden fundada por Madre Teresa de Calcuta, quienes fueron trasladadas desde Managua y Granada hacia la frontera con Costa Rica, por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Policía.
El 28 de junio se conoció sobre su salida obligada del país, luego de que el Parlamento —dominado por el Frente Sandinista— cancelara la personería jurídica de su asociación y cerrara sus obras de beneficencias.
En mayo pasado, el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, permaneció varios días encerrado en la parroquia Santo Cristo, en el sector de Las Colinas, Managua, donde se resguardó por varios días ante el asedio policial.
Durante los últimos cuatro años, el régimen también lanzó campañas de desprestigio contra la Iglesia y sus sacerdotes, promoviendo agresiones físicas y verbales por parte de fanáticos orteguistas, como ocurrió con la profanación de la catedral de Managua en la misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal, en marzo de 2020.
También amenazó de muerte a varios sacerdotes, obligándolos a exiliarse. El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, cumplió tres años fuera de su patria el 23 de abril, tras salir a solicitud del papa Francisco para protegerlo.
El padre Edwin Román, de la iglesia San Miguel, de Masaya, también sufrió junto con las víctimas mortales de la represión en Masaya y debió exiliarse por su seguridad. Igualmente, el sacerdote César Augusto Gutiérrez, de Masaya, salió del país por el asedio de fanáticos sandinistas.
Otras decenas de sacerdotes en diferentes territorios del país han denunciado vigilancia policial y paramilitar, especialmente durante los mensajes que ofrecen en sus homilías. Otra forma de presión que ejecuta el régimen contra los sacerdotes fue la negativa de ingreso al país, como ocurrió con dos franciscanos en febrero de 2021 y con la expulsión del nuncio apostólico monseñor Waldemar Stalislaw Sommertag, en marzo pasado.+
