La Corporación de Abogados Católicos tiene nuevas autoridades

Asamblea General Ordinaria de la Corporación de Abogados Católicos

La Corporación de Abogados Católicos, reunida en Asamblea General Ordinaria, eligió las nuevas autoridades para los próximos dos años. Fue elegido presidente el doctor Pedro Javier María Andereggen y vicepresidente, el doctor Cosme María Beccar Varela.



Será secretario el doctor Carlos Mosso; prosecretario el doctor Luis María Roldán, tesorero el doctor Juan Bautista Fos Medina y protesorero Ramón María Cabriza. Los doctores Juan María Díaz Madero, Débora Ranieri de Cechini, Miguel Haslop y Emilio Ignacio Hardoy serán vocales titulares y los doctores José Luis Rinaldi, Juan Marcos Pueyrredón, Mariana Rodríguez Giavarini , Virgilio Gregorini y Horacio Sánchez de Loria vocales suplentes.



Monseñor Víctor Pinto será asesor espiritual. En la Comisión Revisora de Cuentas actuarán los doctores Tomás Famularo, Francisco Bernal y Agustín Durañona y Vedia, en tanto que en el Tribunal de Ética intervendrán los expresidentes de la Corporación, doctores Eduardo Quintana, Eduardo Bieule y Enrique Ramos Mejía.



Al concluir la asamblea, el doctor Andereggen dijo unas palabras. Entre otros conceptos, destacó que el orden natural ha sido gravemente dañado y subvertido en los últimos años en el mundo y, tristemente, en la Argentina, merced a continuas rebeliones antropológicas que se han agravado notablemente.



Aberraciones

El abogado señaló que "al divorcio vincular -que degeneró en la actualidad hasta las profundidades más horribles como abolir el deber de fidelidad- le siguió el derrotero que era previsible. Leyes favorecedoras de la anticoncepción, tomando el Estado un papel activo propio de un verdadero proxeneta. La alteración del modo natural de concebir, primero disociando el acto sexual de la procreación y ahora aún con fallos que posibilitan, a través de la maternidad subrogada, hasta las más incestuosas aberraciones”.



“El denominado matrimonio igualitario, que no guarda con el verdadero, según enseñó Joseph Ratzinger con aprobación de San Juan Pablo II, la más mínima semejanza: en éste las relaciones son santas, en lugar, los actos homosexuales no pueden recibir aprobación en ningún caso. Su consecuencia más nociva cual es el alegado derecho a la adopción de niños por parte de estas parejas con la privación, por obra del propio derecho, de un padre y de una madre, y no como una consecuencia de un hecho no querido. La eutanasia, bajo el eufemismo de muerte digna, posibilitándose las crueles acciones homicidas de asfixia, deshidratación e inanición”, enumeró.



“El inválido fallo ‘FAL’, contrario al artículo 29 de la Constitución Nacional, creador, entre otras iniquidades, de un perverso régimen de declaración jurada otorgando un derecho absoluto de vida y muerte a la mujer gestante, y que vino a resultar, como consecuencia de sus insidiosos considerandos, el ariete más formidable de los movimientos políticos e ideológicos en favor de la legalización total del crimen del aborto. La privación a los niños, especialmente los más pobres, del derecho a recibir educación religiosa en horario escolar normal y habitual, en contra de textos expresos de los tratados de derechos humanos y de las constituciones locales. Leyes y reglamentaciones que guiadas por la ideología de género y enmascaradas bajo la educación sexual, tienen como resultado de su contenido y metodología escandalizar a los niños, en contra del deseo y del derecho de los padres”, continuó.



Una verdadera persecución religiosa

“Los embates denodados para quitar todo vestigio religioso del ámbito público, ya pretendiendo sacar los símbolos religiosos de los edificios, ya lesionando los legítimos sentimientos religiosos a través de agravios y blasfemias en nombre de la libertad de expresión. También la violación de los más elementales principios de la libertad religiosa receptada en los tratados internacionales de derechos humanos, como negar o limitar indebidamente la objeción de conciencia a personas e instituciones, o restringir la libre asistencia a los moribundos por los ministros del culto en los hospitales públicos. Todo ello bajo la excusa de un inexistente principio de neutralidad religiosa estatal absoluta y de que la religión es para el ámbito privado, lo que esconde en realidad una intolerancia laicista, que se ha manifestado incluso con ataques a iglesias y catedrales, al punto de constituir una verdadera persecución religiosa”, concluyó.+