El Vaticano apoya la creación de un tratado global para 'crímenes de lesa humanidad'

El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU advirtió que, al definir tales crímenes, uno no debe "desviarse de las normas existentes en el derecho consuetudinario".

El Vaticano apoya los planes para crear un tratado global jurídicamente vinculante sobre crímenes contra la humanidad: así lo afirmó el arzobispo Gabriele Caccia, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York.

El tema de los crímenes contra la humanidad fue objeto de la intervención del arzobispo Caccia, durante los trabajos de la Sexta Comisión de la Asamblea General. 

Al resaltar el reconocimiento de larga data, por parte del derecho internacional, de los crímenes contra la humanidad como crímenes internacionales, el prelado expresó la necesidad de la creación de un "instrumento universal" destinado a facilitar la cooperación internacional para la prevención y sanción de aquellos actos que no respetan la dignidad humana. 

Sin embargo, advirtió, la definición de esos crímenes debería estar "profundamente arraigada en el derecho internacional consuetudinario", afirmó Caccia, ya que, de lo contrario "la efectividad del nuevo instrumento estaría en riesgo".

Al respecto, el representante de la Santa Sede manifestó que observa con palpable recelo que el proyecto de acuerdo omite la definición de género formulada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La falta de una definición clara de género, "basada en la realidad biológica de los dos sexos", obstaculizaría el procesamiento de delitos contra las mujeres, "como la violación, la esclavitud sexual y la prostitución forzada".

Respetar la soberanía estatal y la inmunidad de los funcionarios extranjeros
El arzobispo Caccia también advirtió que los esfuerzos para prevenir y castigar los "crímenes contra la humanidad" deben respetar la soberanía de otros Estados. 

"Por lo tanto, cualquier nueva convención debería guiarse por precedentes establecidos y basarse en la obligación de los Estados partes de procesar los delitos dentro de sus propias fronteras, y de cooperar en la extradición de los perpetradores y la asistencia a las víctimas".

El observador permanente recordó expresamente, en ese sentido, las "normas para la inmunidad procesal de los funcionarios extranjeros". 

"Los Estados -señaló- que han abolido la pena de muerte deberían tener el derecho de no extraditar a los delincuentes potencialmente sujetos a ella". Además, las personas "no deberían ser expulsadas a lugares donde corran el riesgo de ser víctimas de crímenes contra la humanidad o de tortura". 

El nuevo instrumento, concluyó el prelado, debe apoyar la dignidad de las víctimas, consagrando en la ley su derecho a recibir compensación y asistencia por los daños sufridos y facilitar su reintegración en la sociedad, además de fomentar la colaboración internacional para garantizar dicho apoyo, especialmente en lugares donde los recursos pueden ser limitados".+