San Juan: pronunciamiento ante el debate por la reforma de la Ley de Glaciares

En adhesión a la carta de la Pastoral Social nacional, Justicia y Paz arquidiocesana pide mantener el piso de protección establecido en la norma y destaca el carácter estratégico de los glaciares.

La Comisión de Justicia y Paz de San Juan expresó su postura frente al tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación Argentina y manifestó su adhesión a la carta abierta "Sobre la protección de los glaciares", difundida recientemente por la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

En un documento fechado en febrero de 2026, la CJP sostiene que los glaciares deben ser reconocidos como "catedrales de agua" y patrimonio común, al subrayar que no constituyen meros recursos económicos sino reservas estratégicas fundamentales para la regulación del ciclo hídrico y el sostenimiento de la vida. Señala que la protección debe abarcar no sólo el hielo visible, sino también el permafrost y los glaciares de roca, cuyo flujo base resulta esencial para los ríos en contextos de sequía extrema.

El texto remarca que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, universal e inalienable, y advierte que cualquier afectación a estos ecosistemas impacta en primer lugar en las comunidades locales y en los sectores más vulnerables, aunque sus consecuencias alcanzan al conjunto de la población.

En relación con la legislación vigente -Ley N° 26.639-, Justicia y Paz arquidiocesana afirma que establece un piso mínimo de protección que no debe relativizarse ante intereses sectoriales o coyunturales. Invoca además el Principio Precautorio, y señala que ante la falta de certeza científica sobre el impacto en ecosistemas críticos debe prevalecer la protección y la prudencia.

Una crisis socioambiental
El documento retoma enseñanzas del papa Francisco para señalar que no existen dos crisis separadas -ambiental y social-, sino una sola crisis socioambiental que requiere una respuesta integral. También cita la encíclica Laudato si' (2015), en la que se afirma que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, ya que determina la supervivencia de las personas y es condición para el ejercicio de los demás derechos.

La CJP insta a los legisladores nacionales a actuar con "sabiduría y amor patrio", escuchar la voz de la ciencia -especialmente de las universidades locales- y considerar a las comunidades afectadas para un discernimiento prudente. Asimismo, llama a ejercer una solidaridad intergeneracional que anteponga el bien común a los intereses particulares y reconozca los límites del progreso material cuando este compromete recursos naturales críticos e irrecuperables.

Por último, el organismo arquidiocesano convocó a la sociedad a reflexionar sobre el mundo que se dejará a las futuras generaciones y a honrar la función política mediante la protección de la vida en todas sus formas.+