La investigación en el Vaticano, prueba que el poder judicial funciona

Editorial del director del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede

“Las investigaciones del poder judicial vaticano sobre algunos dirigentes de los órganos de la Santa Sede, atestiguan que los procesos iniciados por Benedicto XVI y llevados a cabo por su sucesor, funcionan”, se lee en el editorial del director del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, publicada hoy.

La noticia de las investigaciones llevadas a cabo por el poder judicial vaticano sobre algunas personas al servicio de los órganos de la Santa Sede ha tenido, comprensiblemente, un eco considerable en los medios de comunicación.

Entre las interpretaciones, comentarios y análisis que acompañaron la divulgación de las noticias por parte de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, no se subrayó suficientemente una evidencia: lo que sucedió atestigua concretamente que los procesos iniciados por Benedicto XVI y llevados a cabo por su sucesor, funcionan.

Es testimonio de que se están aplicando las nuevas leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano y de que los órganos de control y revisión, así como los propios órganos controlados, pueden informar al poder judicial de cualquier anomalía pidiendo claridad. El doloroso procedimiento anunciado en estos días no es, por lo tanto, un síntoma del fracaso de un sistema. Al contrario, muestra que el sistema ha desarrollado los anticuerpos para reaccionar y que el camino de las reformas de los organismos económico-financieros está bien dirigido.

Pero hay que hacer una segunda consideración, igualmente importante, que hace referencia a lo que ocurrió al día siguiente de la divulgación de la nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede: las personas sometidas a las investigaciones fueron objeto de un verdadero escándalo mediático con la publicación de sus fotos, a pesar de que todavía no se han determinado las posibles responsabilidades. Las personas involucradas en la investigación tenían y tienen derecho a ser respetadas por su dignidad como hombres y mujeres, ya sean sacerdotes o padres y madres de familia.

El poder judicial vaticano inició investigaciones sobre los autores, desconocidos hasta la fecha, y sobre los métodos de esta deplorable revelación de información”, concluye el editorial.

El Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede del 1 de octubre señalaba que “esta mañana, en algunas oficinas de la Primera Sección de la Secretaría de Estado y de la Autoridad de Información Financiera del Estado, se llevó a cabo una incautación de documentos y equipos electrónicos”.

“La operación, autorizada por decreto del Promotor de Justicia del Tribunal, Gian Piero Milano y del adjunto, Alessandro Diddi, y de la que estaban debidamente informados los superiores, está vinculada a las denuncias presentadas a principios del verano pasado por el Instituto de Obras Religiosas (IOR) y por el Auditor General, relativas a operaciones financieras realizadas en el tiempo”. +