El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado con motivo de las suspensiones y bajas de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad y reclama la "urgente restitución inmediata de las pensiones a quienes se les había reconocido el derecho a tenerlas".
Con motivo de las suspensiones y bajas de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado en el que reclama la "urgente restitución inmediata de las pensiones a quienes se les había reconocido el derecho a tenerlas".
Entre las organizaciones firmantes del petitorio se encuentra la Comisión de Discapacidad de la arquidiócesis de Buenos Aires, que preside el presbítero Pablo Molero. En declaraciones a
AICA, el sacerdote manifestó que "toda duda que haya sobre algo debe ser trabajada con la familia y con la persona con discapacidad. La evaluación debe ser realizada en la casa, analizando la situación socioeconómica de cada persona".
"Evaluar la pobreza en un hogar a partir de sus ingresos, sin evaluar las necesidades esenciales que tiene, es un error. Más aún cuando en dicho hogar puede haber miembros con discapacidad u otras situaciones que no pueden ser cubiertas por un sueldo que no ha tenido en cuenta dicha complejidad. La discapacidad en una familia representa un incremento considerable en las necesidades a cubrir que no pueden ser evaluados con los parámetros de la familia tipo", dice el comunicado.
"Creemos ?continúa el mensaje- que no es justo ampararse en normativas que respondían a otras situaciones históricas, que además no resultaron eficaces, para plantear hoy incompatibilidades e irregularidades. Lo incompatible e irregular es aplicar un decreto que establece criterios restrictivos luego de una década de aplicación de otros más flexibles y en desmedro de la población. La gente pidió o se le ofreció algo desde una perspectiva y ahora se la quiere juzgar desde otro punto de vista".
"Hay que comprender que hubo un cambio en cómo se valoró esto", explicó el presbítero Molero. "Se está evaluando con un decreto de hace 20 años, donde la mirada sobre cómo manejarse con las pensiones cambió. Quizás hubo situaciones de mal manejo, y no me consta que sea siempre así, creo que se quiso dar una mano a la gente con discapacidad que vivía en una situación de pobreza. Algunas puede ser que estén mal, pero el modo no es así", agregó.
Finalmente, el sacerdote aseveró: "Se debe rápidamente devolver las pensiones y no darlas de baja hasta no analizar cada caso con las familias y con las personas con discapacidad. Antes de dar de baja cualquier cosa hay que hacer una visita a la gente y que ésta tenga la posibilidad de mostrar su situación y que se evalúe no por una ventanilla".
El comunicado del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los derechos de las personas con discapacidad fue firmado por la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa), la Asociación de Ayuda al Ciego (Asac), la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas (Ataecadis), el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar (C.A.S.A.I.E.), la Comisión para las Personas con Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires, la Federación Converger, la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (Fendim), la Fundación Vitra, la Asociación Argentina Pro Hogares y Promoción del Discapacitado Monseñor François (Hodif) y la Obra de Don Orione.
Texto del reclamo ante la situación de suspensión o baja de pensiones no contributivas a personas con discapacidad
El comunicado del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los derechos de las personas con discapacidad ante la situación de suspensión o baja de pensiones no contributivas a personas con discapacidad manifiesta y expresa que:
1.Es urgente la restitución inmediata de las pensiones no contributivas suspendidas o dadas de baja a quienes se les había reconocido el derecho a tenerlas.
2.Reconocer y poner en conocimiento que la pensión a través del Programa Incluir Salud ha sido el medio para que personas (en su gran mayoría con discapacidad) en situación socioeconómica vulnerable, encontraran respuesta sanitaria y asistencial (medicación, ayudas técnicas, prótesis, oxígeno, rehabilitación, atención especializada, educación, hogar, etc.).
3.No estamos de acuerdo con la afirmación generalizada que es injustificado el aumento de pensiones no contributivas otorgadas durante el gobierno anterior. Para entender lo sucedido hay que recordar lo vivido en nuestro país en el año 2001, constatar los datos de pobreza y las 5.000.000 personas con discapacidad según el Censo del INDEC. Esto nos daría, aplicando el porcentual de argentinos en situación de pobreza y vulnerabilidad social, al menos 1.500.000 de personas con discapacidad en concordancia con el criterio usado para el otorgamiento de las mismas.
4.La pensión no contributiva con su cobertura médico-asistencial no es ni un gasto ni una dádiva, sino un derecho, y una inversión en la vida de ciudadanos argentinos. Si el país pasa por una situación económica compleja primero está el derecho a poder tener una vida con sus necesidades esenciales cubiertas y luego gasto en cosas sin las que se puede vivir dignamente.
5.Desde la época del Dr. Carlos Menem organizaciones de y para personas con discapacidad, manifestaron la necesidad de ampliar los criterios para dar una pensión no contributiva, ya que no sólo la persona con una incapacidad laboral del 76% no iba a poder conseguir trabajo. Con la administración del gobierno anterior hubo un cambio en la mirada, se tomó como criterio la discapacidad, no sólo como problemática laboral, y también el contexto socioeconómico desfavorable en el que vivía.
6.Evaluar la pobreza en un hogar a partir de sus ingresos, sin evaluar las necesidades esenciales que tiene, es un error. Más aún cuando en dicho hogar puede haber miembros con discapacidad u otras situaciones que no pueden ser cubiertas por un sueldo que no ha tenido en cuenta dicha complejidad. La discapacidad en una familia representa un incremento considerable en las necesidades a cubrir que no pueden ser evaluados con los parámetros de la familia tipo.
7.Dejar a una persona sin el beneficio de la pensión es hacer un abandono de personas, porque este medio le ha permitido encontrar algunas respuestas a necesidades esenciales. Es ignorar que es un derecho adquirido.
8.Llamar la atención que, incluso teniendo este ingreso y la posibilidad de atención integral, las personas con discapacidad no siempre encuentran respuesta a sus requerimientos. Es necesario que el Estado a través de políticas públicas desarrolle una red que contemple los servicios que necesitan y se produzcan los cambios estructurales que respondan a lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
9.Creemos que no es justo ampararse en normativas que respondían a otras situaciones históricas, que además no resultaron eficaces, para plantear hoy incompatibilidades e irregularidades. Lo incompatible e irregular es aplicar un decreto que establece criterios restrictivos luego de una década de aplicación de otros más flexibles y en desmedro de la población. La gente pidió o se le ofreció algo desde una perspectiva y ahora se la quiere juzgar desde otro punto de vista. Esto no es responsabilidad de la gente.
10.La pobreza no es solo un indicador estadístico, es un problema de personas y familias. En este sentido el Estado Nacional no puede dar la espalda a su obligación de estar con las personas que presentan graves situaciones de vulnerabilidad.
11.Toda nueva propuesta que el Estado Nacional realice debe estar de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y debe ser consultada con las mismas personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones de la sociedad civil. Esto está expresamente establecido en la Convención a la que el país adhirió mediante la Ley 26.378.
12. Entendemos que si la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales considera que hubo situaciones irregulares en el otorgamiento de pensiones, debería revisarse caso por caso, convocar a los titulares para que se notifiquen fehacientemente, darles la posibilidad de presentar su descargo y luego de ello, de no corresponder el otorgamiento, dar de baja la pensión.
13. Solicitamos la derogación del Decreto 432/97 teniendo en cuenta que el mismo no contempla los postulados establecidos por la Convención, y la aprobación de un nuevo Decreto donde se tenga en cuenta los derechos de las personas con discapacidad allí establecidos.+