EXTRAÑA PROPUESTA

Artículo de Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata,
publicado en "El Día" de La Plata el martes 27 de enero de 2004

En los primeros días del año, y a poco de conocerse que era propuesta por el Poder Ejecutivo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Carmen Argibay formuló declaraciones en las que manifestó con claridad su pensamiento sobre temas de máxima importancia moral, jurídica y política. Sus dichos anticipan cuál será eventualmente su posición si logra ocupar el sitial al cual aspira y debe decidir sobre aquéllos; puede sostenerse, además, que rozan negativamente el orden constitucional.

Ha alcanzado harta resonancia su afirmación respecto del aborto: “La mujer tiene la necesidad y el derecho de decidir sobre su propio cuerpo”. Causa admiración que una persona que goza de cierto renombre como jurista pueda argumentar, en una cuestión tan seria, exhibiendo un eslogan ideológico carente de todo fundamento. El feto, y antes el embrión humano, no son una porción del organismo de la madre, una excrecencia que ha surgido en sus entrañas, sino un ente individual distinto de ella, un nuevo ser humano. En el caso del aborto, la mujer no dispone de su cuerpo, sino de otro, de alguien que se encuentra en él; ejerce un dominio arbitrario sobre una vida ajena. Parece ignorar la doctora Argibay los aportes decisivos de las ciencias biológicas que establecen cómo en la concepción queda constituido el patrimonio genético de un nuevo ser humano y aseguran que tal patrimonio genético define su identidad personal. Existe, además, una considerable literatura acerca del estatuto jurídico del embrión humano y su derecho a nacer. Aun en el estadio inicial de su desarrollo es un “nascituro”, un niño por nacer.

La afirmación del derecho a la vida desde la concepción no es una postura confesional. Norberto Bobbio, el eminente jurista italiano recientemente fallecido, sostuvo con sólidas razones el derecho a la vida del niño por nacer y manifestó su estupor por el hecho de que los laicos (es decir: agnósticos, no creyentes, anticlericales) dejen a los creyentes el honor de afirmar que no se debe matar.

Estamos hablando del primero de los derechos humanos, cuya negación conlleva la caída de todos los otros, y que puede reconocerse implícito en el artículo 33 de la Constitución Nacional a través de una interpretación finalista, sistemática y dinámica de sus preceptos. Podemos aducir a propósito una cita de Sarmiento: “No son las declaraciones, derechos y garantías que contiene la Constitución las únicas que nos rigen; son muchísimas otras que no están enumeradas ahí”. En el mismo sentido, Vélez Sarsfield se refería a derechos naturales, que son superiores a toda Constitución, a toda ley y a todo cuerpo legislativo; un derecho superior e intangible. Por otra parte, la reforma de 1994 incorporó las prescripciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo cuarto declara la protección del derecho a la vida “a partir del momento de la concepción”. Asimismo, en la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados firmantes reconocieron que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, y la República Argentina, por declaración unilateral interpretativa, sostuvo que se es niño desde la concepción. Habida cuenta de la jerarquía jurídica que ha sido otorgada a estos tratados, se debe afirmar que en el derecho argentino todo tipo de aborto es inconstitucional.

Las declaraciones de la doctora Argibay revelan una curiosa desatención hacia esas normas constitucionales y pueden entenderse como una peligrosa pretensión de modificarlas, lo cual es prerrogativa del Poder Legislativo, no de los jueces. ¿Cómo se explican, pues, sus dichos? ¿Cuáles son sus fuentes y su sentido? Una explicación plausible es la adhesión de la doctora Argibay a aquella corriente radical o extremista del feminismo, que actúa desde organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas con abundantes recursos financieros y una red de apoyos políticos y mediáticos, y que intenta hacer reconocer “nuevos derechos humanos” y corregir a tenor de los mismos la Declaración Universal de 1948. Estos presuntos nuevos derechos se formulan contra el orden natural y en función de un concepto individualista y hedonista de la libertad, que Juan Pablo II señaló como “una idea perversa de libertad”. A este lote pertenecen los así llamados derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que una conocida feminista del siglo XX resumió en aquella consigna atroz: “La libertad de la mujer comienza por el vientre”.

Merece también un breve comentario la condición de atea militante que se atribuyó la doctora Argibay. Si un futuro miembro de la Corte se declarara públicamente católico militante, semejante arranque de sinceridad desencadenaría un torrente de impugnaciones y probablemente haría fracasar su candidatura. ¿Qué hay que pensar, entonces, en la Argentina de hoy donde el número de ateos declarados no pasa del dos por ciento de la población, acerca de este desafío agresivo, de este exceso innecesario? ¿Habrá empleado sólo metafóricamente un adjetivo que denota una inquietante referencia a la guerra? ¿Acaso su militancia atea la llevará a encabezar, desde el más alto sitial de la justicia, una cruzada antirreligiosa, una campaña de difusión de su ateísmo? Esta actitud ideológica y beligerante puede ser considerada como otro prejuzgamiento contrario a la Constitución Nacional, que invoca a Dios, fuente de toda razón y justicia, declara que a Él están reservadas las acciones privadas de los hombres y prescribe al Estado el sostenimiento del culto católico.

En suma, una extraña propuesta. Sus características agravan las limitaciones que pueden observarse en el procedimiento selectivo establecido por el Poder Ejecutivo para completar las vacantes de la Corte Suprema. La transparencia del mismo queda comprometida cuando la facultad de elegir se reduce a la opción por un solo candidato. En este caso, por una candidata que deja mucho que desear.

Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata