Documento de la UCA ante la consolidación del aborto como política pública

La Facultad de Derecho de la UCA advierte que "política pública" proaborto resulta un agravio al orden jurídico fundamental, en un documento ante la adhesión de la Legislatura porteña al protocolo ILE

La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundió un documento titulado “Ante el aborto como política pública… También en la Ciudad de Buenos Aires”, a raíz de la reciente decisión de la Legislatura porteña de adherir al denominado “Protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho (SIC) a la interrupción legal del embarazo (ILE)” del Ministerio de Salud de la Nación.

“Esta gravísima decisión -reiterada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad desde 2012 - se consolida ahora como política pública, pretendiendo ampararla en una ley sin duda claramente inconstitucional que no resiste el menor análisis jurídico si es que, como parece de todo lo expuesto, no alcanzan para el Gobierno de la Ciudad los argumentos científicos y morales acerca del comienzo de la vida del ser humano y el carácter absoluto del derecho a la misma desde la concepción”, plantea en el pronunciamiento.

“El hecho de que esta política pública se consolide inicuamente en el marco de la pandemia en curso, exhibe la total hipocresía de quienes aducen que puede comprometerse transitoriamente el ejercicio de derechos y libertades para preservar la vida humana, cuyo desprecio se ratifica ahora formalmente por una mayoría de los legisladores de la Ciudad”, agrega.

Tras reiterar lo manifestado el 27 de febrero de 2020, la UCA hace una análisis de los argumentos esgrimidos a favor del aborto y da una respuesta jurídica a la falacia del aborto “legal”.

La Facultad de Derecho de la UCA considera necesario “el más amplio y profundo debate acerca de cuál es el contenido y alcance del orden jurídico constitucional argentino vigente en materia del derecho a la vida del niño por nacer”.

“En tanto no se demuestre de manera suficiente lo contrario, la política pública pro aborto que describimos resulta un agravio a dicho orden jurídico fundamental cuya aplicación – mientras no se modifique por la mayoría de dos tercios de los miembros del Congreso que exige la Constitución Nacional (art. 75, inc.22)- garantiza la más amplia protección y tutela de la madre y el niño desde la concepción, durante todo el embarazo y el tiempo de lactancia”, advierte.

“No se trata tampoco de razones religiosas, morales, ni de convicciones personales. Ellas existen , tienen una fuerte e inocultable presencia en nuestra sociedad y, sin duda, serán integradas al debate. Pero en nuestro caso, como Facultades de Derecho, queremos situar los argumentos en el plano del orden jurídico vigente desde el cual podemos y debemos efectuar nuestro aporte al servicio del bien común”, fundamenta.

“Se trata del derecho objetivo a la vida del niño y de la madre y su efectiva tutela constitucional y convencional o del avasallamiento de nuestro orden jurídico federal junto con la eliminación de miles de seres humanos. Este es el debate pendiente antes de continuar con la aplicación de estos ‘protocolos’ intolerables o de insistir con proyectos de despenalización y/o legalización del aborto transformando un delito en un derecho”, concluye.

El texto completo del documento con la firma del decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Pablo Maria Garat, puede leerse en el link.+